Depredadores


Un cálculo conservador dice que la corrupción cuesta a cada uno de los mexicanos $165 pesos al día. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, estos $890,000 millones de pesos anuales equivalen a casi ocho veces el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social (la que tiene como objetivo combatir la pobreza) y a cinco reformas fiscales (tomando en cuenta la más reciente).

Pongámoslo de otra manera: de 2004 a la fecha el presupuesto destinado al “combate a la corrupción” se ha duplicado; sin embargo, lejos de haber sido efectiva esta inversión, México pasó del lugar 64 al 103 en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, en el que se mide a 177 naciones.

Una tragedia, pues. Un país donde incluso cualquier posibilidad de acuerdo para nombrar a un Fiscal Anticorrupción se enreda deliberadamente para que la posición acéfala garantice impunidad para quienes el año entrante terminarán su estadía en el gobierno federal.

Y aquí seguimos, atestiguando cómo centenas de funcionarios públicos operan como depredadores, destruyendo riqueza y cancelando oportunidades de desarrollo, crímenes que deberían ser considerados como de lesa humanidad, sobre todo en una nación cuya mitad de sus habitantes se encuentra en estado de pobreza, sin solventar sus necesidades básicas.

Después de la violencia, la corrupción ocupa el lugar más importante en el mapa mental de las preocupaciones nacionales. Como apuntamos más arriba, no es para menos: de acuerdo con cálculos del Banco Mundial, la Organización de Estados Americanos y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, si se mide el costo de la corrupción en México de un modo puntual, se puede concluir que fluctúa entre 9 y 10% del PIB, es decir, de cada $100 pesos de riqueza que genera la economía mexicana, $10 están destinados a la corrupción.

La administración peñanietista sólo ha abonado puntos de deterioro en los niveles de percepción de corrupción. El desfile de gobernadores con expedientes abiertos, acusados de desfalcos y desvíos de recursos, ha sido la nota constante de estos años: Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Nuevo León, por mencionar los más notables a nivel regional. Pero también han destacado los escándalos de Pemex (el caso Odebrecht, que ha causado la remoción del titular de la Fepade), las decenas de contratos oscuros de la SCT (incluidos los tristemente célebres socavones y los contratos de Grupo Higa y de OHL), así como la proliferación de crímenes como el robo de combustible que ni siquiera han sido mínimamente perseguidos.

De manera paradójica, el gobierno mexicano ha hecho un esfuerzo por limpiar su imagen y recobrar la confianza de los ciudadanos a través del desarrollo de un nuevo sistema penal, un sistema anticorrupción e incluso un sistema nacional de transparencia, pero todo ha sido infructuoso: los escándalos se multiplican y, salvo mínimas excepciones, la impunidad sigue siendo la norma. Hasta en los más ridículos detalles, surgen una y otra vez lamentables anécdotas que sólo confirman que estas prácticas están tan enraizadas que una figura prototípica del sistema, como el senador Emilio Gamboa, aborda helicópteros del Ejército para irse a jugar golf con el presidente de la república y basta con que lo disfrace de una cita de trabajo para que el tema se diluya.

En un país donde los medios de comunicación tradicionales dependen en gran medida de dinero público, los contrapesos quedan reducidos al esfuerzo de algunos medios digitales o de periodistas independientes, cuyo alcance no es suficientemente significativo como para que la denuncia repercuta en persecución penal.

Y acá seguimos, entretenidos con otro tipo de depredadores, como las celebridades hollywoodenses, que a fin de cuentas eso genera más rating y no pone en riesgo los dineros del Estado en publicidad para los medios.

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